21 | 10 | 2019

La barbarie no opera sin dejar cabos sueltos

Editorial de El Comunista

El Sábado 16 de Noviembre, mientras dirigían una protesta de productores de café, fueron asesinados Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, curiosamente unas horas después de que anunciaron la creación de una policía comunitaria en el poblado de El Paraíso.

El modo de operar, equipos de paramilitares que se mueven con total libertad antes de realizar sus ataques y en su repliegue, es el mismo que se siguió para para ultimar a nuestros camaradas Raymundo, Samuel y Miguel, y a otros 15 luchadores sociales en Guerrero.

Y frente a esta estela de muerte ¿Que tiene que decir el gobierno de Guerrero? Pues hace una semana el vocero del gobierno del estado, José Villanueva, aseguró que “no hay ninguna persecución a luchadores sociales, no existe ninguna acción contra líderes”. Para engrosar el cinismo de la conferencia de prensa el procurador, Iñaki Blanco, informó que “ya fueron consignados los responsables del asesinato de (…) Raymundo Velázquez”, y se lavó las manos de la impunidad con que paramilitares cumplieron las amenazas de muerte contra Luis Olivares excusando que “no pidieron formalmente medidas cautelares”.

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Las declaraciones caen por los suelos cuando los familiares de Raymundo si hicieron la denuncia formal de las amenazas recibidas y se tradujeron en absolutamente ninguna medida. Por otro lado cuando el procurador dice que ya fueron consignados los responsables, habla del torpe montaje contra los 5 compañeros de la OPPCG, levantados en Fuerte Emiliano Zapata, a los que se les acusa de la muerte del camarada Raymundo Velázquez.

Cuando comparecieron Salvador, David, Daniel, Uriel y Gabino ante el Juzgado Séptimo Penal, describieron como los policías los golpearon, les dieron toques eléctricos en los genitales, les colocaron bolsas de plástico en la cara y los amenazaron con matarlos si no firmaban la declaración ministerial. Los policías ministeriales los presionaron para que culparan a Luis Olivares -“al fin ya mataron a su líder, échenle la culpa a él y les reducirán su condena, les ayudaremos”. Esto pudo ser conocido gracias al Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, que aportó al abogado defensor, Alejandro Ramos Gallegos.

Esas son las “eficaces” investigaciones del Ministerio Público de Guerrero. Ya el Partido Comunista ha advertido en su último pronunciamiento que no concede ninguna veracidad a ese intento por confrontar organizaciones revolucionarias. Tampoco será suficiente para darle carpetazo al asunto. Este montaje no convence ni a los deudos, ni a los camaradas de Raymundo, ni a los compañeros de las organizaciones de masas, no limpia las manos de los paramilitares, y evidentemente no se lo creen ni los gobernantes de Guerrero.

Queda claro que el general Oscar Naranjo, así como su equipo humano colombiano, cumple la misión de reorganizar y dirigir la actuación de los cuerpos paramilitares en México, con la sanguinaria lógica de ahogar con cadáveres de luchadores el miedo de la burguesía a una insurrección. Es la guerra sucia de Naranjo en Guerrero.

Queda claro que sin importar los colores del gobierno de Guerrero, el Estado ahí responde a los intereses de los grandes acaparadores de tierra y productos, de los hoteleros y empresarios mineros. Que las masacres no se detendrán con la fórmula mágica que propuso el candidato AMLO cuando le levantó la mano a Aguirre Rivero y nos llamó a confiar en la democracia y la justicia burguesa, sino hasta que ese poder económico y político sea desafiado y derrocado.

La barbarie sin embargo no opera sin dejar cabos sueltos

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