18 | 10 | 2021

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Más allá de la consulta, los enemigos del pueblo deben ser expropiados

En torno a la llamada "consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado" señalamos lo siguiente.

En primer lugar sostenemos la tesis de que todo alto gobernante del Estado mexicano es culpable. Han cumplido y siguen cumpliendo el rol de defensores de la explotación, son los lugartenientes de los capitalistas en la lucha de clases, han actuado y siguen actuando como enemigos del pueblo en esa función. Es esa función y la base económica del imperialismo la que naturalmente mueve a utilizar métodos acordes a tal; desapariciones, masacres, asesinatos, terrorismo de estado, colusión con el crimen organizado, despojo, tráfico de influencias, latrocinio, soborno, corrupción, etc.

 

Si se está de acuerdo con el criterio científico de que es el interés de clase que defienden el que sirve para tener un punto de vista objetivo; y tras partir de esa generalidad adecuar el grado de participación del individuo, y no el del criterio de la fantasmagórica moral de sus características personales, entonces podemos notar la primera contradicción de dicho planteamiento. La consulta para enjuiciar a unos es simultáneamente la consulta para guardar la impunidad de otros. Es a leguas una farsa que se enjuicie a Salinas de Gortari por el fraude de 1988 sin enjuiciar al operador del mismo; y actual titular de CFE, Manuel Bartlett. Es a leguas una farsa que se enjuicie a Enrique Peña Nieto por los crímenes de Lesa Humanidad en Ayotzinapa sin enjuiciar a operadores aún más directos y hoy intocables como el General Cienfuegos, Omar García Harfuch, y el magnificado Ejército Mexicano, etc. Es a leguas una farsa que se enjuicie a Ernesto Zedillo por el FOBAPROA que endeudó terriblemente a todo el pueblo mexicano para beneficio estricto de los banqueros y que no se enjuicie a los banqueros beneficiados; es más se les premia colocando a la consejera de Banorte en la Secretaría de Gobernación. Y así, ad nauseam pudiéramos continuar. Ninguno de los crímenes contra el pueblo fue infligido a título individual y su ejecución misma presupone una fuerza organizada, misma que debe ser sometida y desmantelada.

En segundo lugar y derivado de la primera, sostenemos la tesis de que ningún juicio es serio sin enjuiciar al beneficiario del crimen contra el pueblo y sin restituir el daño. Si solo existieran los Presidentes como una fuerza externa y sobrepuesta a la sociedad; como se presenta en la tesis de los responsables personales, la lucha general de "toda la sociedad" contra dichos individuos y sus allegados sería de fácil y sencilla resolución para zanjar. La realidad es sin embargo distinta, la realidad es que no existe una "sociedad toda" como tal ni los gobernantes le son exteriores, existen clases en pugna y es la clase que domina económicamente la que monta su aparato estatal, y éstos individuos los que encabezan sus juntas de administradores, sucediéndose conforme la lucha requiere de métodos más o menos sanguinarios, más o menos demagógicos, conforme el ciclo del capital está en expansión o en crisis. Los beneficiarios de las políticas de las 3 décadas que se ponen en la picota con la llamada Consulta son ocultados, y esto es lo más grave y central. No serviría privatizar si no hubiera como precondición un privado que reciba el bien público en calidad de nuevo capital acumulado. No es factible el planteamiento de que existen quienes venden en calidad de mercancía su voluntad expresada como votos del poder legislativo, fallos del poder judicial, órdenes del poder ejecutivo, etc., sin existir simultáneamente compradores de dicha mercancía. Es culpable el funcionario público enriquecido durante los 3 o 6 años de su encargo, lo son aún más en calidad de autores intelectuales y beneficiarios principales los capitalistas beneficiados por 30 o 60 años de acumulación a partir de dicho acto.

La consulta para enjuiciar a los actores políticos es la consulta para ocultar a los beneficiaros económicos. Éstos ahí siguen con nuevos operadores, a saber los actuales gobernantes. Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Salinas Pliego, etc., los capitalistas son los beneficiarios máximos de todos esas gestiones criminales y la actual gestión criminal. Los 72,000 desaparecidos y 350,000 asesinados bajo Calderón, Peña Nieto y Obrador son el corolario de la acumulación capitalista donde la burguesía de traje y la de cuerno de chivo se entrelazan financiera y políticamente con sus gobernantes de turno. Ninguna justicia pudiera si quiera de lejos ostentarse como tal señalando solo a uno o dos de los responsables materiales sin señalar a los responsables intelectuales, sin restituir el daño. La restitución del daño; y en esto vamos a insistir es la expropiación a los beneficiarios de los crímenes contra el pueblo. A la fecha ninguna de las más de 1100 empresas privatizadas ha sido expropiada, estatizada, nacionalizada, socializada, lo arrancado a la soberanía popular no le ha sido ni se plantea devolver. Ni Telmex, ni Altos Hornos, ni las mineras, ni la banca privatizada, etc. Al contrario; partiendo de dicha tesis podemos señalar también el carácter criminal de la actual gestión que antepuso las ganancias de los capitalistas a las vidas obreras en el manejo de la pandemia al costo de un cuarto de millón de fallecidos al momento, la inmensa mayoría trabajadores.

En tercer lugar sostenemos la tesis de que el pueblo ya ha emitido un fallo en este rubro. Es una verdad reconocida el que el sentido de la votación del 2018 fue en favor del castigo a tales enemigos del pueblo del pasado, un acto que ni inició ni concluyó la lucha contra ellos. Ya el fallo del pueblo está fundamentalmente dado, años de luchas callejeras, levantamientos, choques masivos, expresan dicho sentido. Esa ira justa que motiva a no pocos proletarios a participar la entendemos. La entendemos porque esos enemigos del pueblo que tienen cuentas pendientes en lo general, tienen también cuentas pendientes con los comunistas de este país a quienes nos deben la sangre de nuestros muertos y desaparecidos en Guerrero y Tamaulipas. Pero no se trata solo de simpatía, sino de reconocer lo que no se reconoce en la consulta. Esa ira es el resultado natural de todo lo que los administradores de la burguesía llevan a cabo para sostener la acumulación de nuestros patrones, que en México el sistema supura lodo y sangre a cantidades bárbaras todos los días y el objetivo de la consulta no es acabar con lo que origina la ira de la clase trabajadora, sino de confundirla, apaciguarla, ofuscarla, y alejarla de encontrar una solución satisfactoria. De ahí que en lugar de que el poder constituido supuestamente con tales votos cumpla con el sentido del mandato para el que se le dio la mayoría absoluta en todos los niveles de gobierno por parte de sus apoyos populares; pues era una de sus banderas de campaña, se entrega una consulta en términos oscuros, equívocos, etc.

La consulta no va acorde con el veredicto popular, le pone un serio obstáculo. Básicamente se pide que se le ratifique con una votación similar y ampliada a la del 2018 a Morena a cambio de iniciar "pesquisas" y "procedimientos" contra algunos de los funcionarios del pasado; salvando a otros funcionarios civiles y militares, y encima ignorando a los beneficiarios de dichos enemigos del pueblo. A diferencia de las campañas electorales donde; aún de manera marginal, pudiera caber la posibilidad de presentar una plataforma en el mero interés de confrontar con ella a las fuerzas políticas burguesas, en este ejercicio se presenta un falso dilema una verdadera jaula para atrapar nuestra posición política. O con los funcionarios enemigos del pueblo que siguen en sus mismos partidos de origen o con los funcionarios enemigos del pueblo que se afiliaron al nuevo Partido gestionador de la explotación. Se pide enjuiciar a los administradores pero legitimar lo administrado, la explotación.

Por todo lo anterior no participaremos de dicha consulta. El sentido de nuestra propaganda y agitación en los siguientes días será en el sentido de que es necesario expropiar para enjuiciar a los enemigos del pueblo y castigar a todo el que participó y participa como su operador estatal. Para lograr esa justicia que va más allá de encarcelar a los presidentes, y muchísimo más allá de pretender que se hace, se requiere de un Nuevo Estado, un Estado de los trabajadores. Que somos partidarios de que los bienes mal habidos que la burguesía arrebató bajo el manto de tales funcionarios le sean arrebatos a su vez para ponerlos a disposición de las necesidades de la clase obrera y el pueblo.

¡Proletarios de todos los países, uníos!

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de México

 

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