En la pandemia del Covid-19, el gobierno socialdemócrata de México condena a los trabajadores.
Pável Blanco Cabrera, Primer Secretario del CC del PCM
Artículo publicado en la edición del 9-10 de Mayo de Rizospastis, diario del Comité Central del Partido Comunista de Grecia
La pandemia del Covid-19 avanza de manera desigual pero impacta a todos los países, y por supuesto a México. Esta situación incumbe al Partido Comunista de México pues afecta y golpea a la clase obrera y a los sectores populares, tanto en el aspecto de salud como económico, social y político.
El sistema de salud público destruido. El derecho a la salud no puede ser garantizado por el capitalismo.
Queda claro en el mundo capitalista que las ganancias son incompatibles con el derecho a la salud. El avance de la URSS y el campo socialista significó mejorías en los derechos de los trabajadores que vivían en el mundo capitalista, de la misma manera que la contrarrevolución significó retrocesos duros y salvajes. Se retrocedió en el sistema de salud pública, a través de privatizaciones de los servicios estatales y de facilidades para ampliar la red privada de variadas formas, extendiéndola inclusive para acaparar el mercado de la salud orientado a trabajadores precarizados y sectores populares pauperizados.
A través de sus luchas, con la correlación de fuerzas favorable que existió a partir de 1917 y sobre todo con la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores de México conquistaron un sistema público de salud que abarcaba consultas, cirugías, laboratorios, medicamentos, extendido a instalaciones deportivas y recreativas. Al empezar a trabajar, el proletario y su familia obtenían de inmediato el derecho a la seguridad social; la certeza de que embarazo, parto, atención infantil y guarderías estaban garantizados, y que en caso de accidente laboral podía asumir la recuperación con su salario asegurado, la posibilidad de pensionarse y también de jubilarse. Era un sistema de salud que sin embargo solo abarcaba a un 50% de los trabajadores. Conforme la correlación de fuerzas se inclinó al avance de la contrarrevolución capitalista y al proceso de privatizaciones, el derecho social a la salud quedó bajo ataque. Inició el desmantelamiento, un proceso llamado subrogación que consiste en entregar a empresas privadas partes del complejo del sistema de salud: lavanderías, comedores, seguridad, gestión de centros recreativos y balnearios; y también trasladar los fondos de jubilaciones a manos del capital privado con las llamadas Afores, etc., hasta reducirlo a los servicios básicos, sin renovación, deteriorado, en condiciones precarias. Hace unos años, ésto se caracterizaba como neoliberalismo, pero hoy, a casi 2 años del gobierno socialdemócrata de Obrador, que se proclama antineoliberal, las cosas siguen igual. Lo que queda del sistema público de salud atiende al 36% de 120 millones de habitantes, en tanto que 23% acude al sistema privado, y 40% está a la deriva. Sobre este 40%, compuesto esencialmente por trabajadores precarios, de outsourcing, trabajadores autónomos y sectores populares, se ceban los monopolios de la farmacéutica genérica que a través de las clínicas-farmacia desarrollan un jugoso negocio: en estos establecimientos, regados por todos los barrios, instalan consultorios anexos a sus farmacias, donde médicos que no encuentran trabajo, dan consulta médica con un costo de 2.5 USD, y recetan para adquirir en esa farmacia. Pagan poco al médico, venden sus mercancías, lucran con la necesidad.
La situación pues del derecho a la salud es un hilo a punto de romperse. En datos muy concretos: un médico por cada 1000 habitantes, 1.4 camas de hospital por cada 1000 habitantes, sin hablar de los malos salarios de los trabajadores del sector, y de que la industria farmacéutica está también en manos de monopolios privados.
Cualquier forma de administrar y gestionar el capitalismo responde igual: primero los intereses de los monopolios.
Apreciando como se afronta la pandemia, los matices existentes entre gobiernos neoliberales, socialdemócratas, keynesianos, es evidente que antes que la salud de los pueblos y los trabajadores se prioriza el interés de los monopolios. Quedarse en casa no es posible si el salario no es garantizado, o si se vive del esfuerzo diario. ¿Qué hizo el gobierno de Obrador? Usando vericuetos legales, abrió las puertas a la patronal para pagar a los trabajadores en confinamiento sólo una parte del salario, el llamado salario mínimo (de aproximadamente $5.00 USD diario); actúa laxamente con las industrias no esenciales que siguen funcionando, y deja en el abandono a millones de trabajadores autónomos, puestos en el dilema de elegir entre el confinamiento para no enfermar o morir de hambre por quedarse sin ingresos. Eso sí, diligentemente Obrador adopta medidas para beneficiar a las empresas, libera a los monopolios de comunicación de los tiempos estatales, cuida como un cancerbero los intereses del capital.
Este gobierno socialdemócrata, de “izquierda”, asumió con ligereza el problema. Demagógicamente anunció que estaba preparado, pero recién se busca presurosamente comprar en EEUU y China ventiladores e insumos necesarios para los trabajadores de la salud y hospitales, se inicia la contratación de médicos, enfermeras y demás personal necesario, dejando, una buena parte bajo control militar, como ha sido característico en su periodo gubernamental[1].
Lo esencial es lo siguiente: para afrontar la pandemia, es necesario un robusto sistema de salud pública, y medidas sociales en favor de la mayoría de la población, es decir de la clase obrera y los sectores populares, para garantizar el “distanciamiento social”. Pero cualquier gobierno en el capitalismo, del corte que sea, pondrá en primer lugar los intereses de la clase que representa, y condenará a los explotados y oprimidos, que son los que mayoritariamente están muriendo.
La clase obrera de México enfrenta un sombrío panorama, donde el COVID es un “accidente de trabajo”, un “riesgo laboral” más. Debe seguir trabajando para obtener el salario para la comida, la renta, el agua, la electricidad, los servicios básicos; así pasa en empresas no esenciales que no cesaron el proceso productivo, en las zonas maquiladoras del norte del país, que desarrollan altos porcentajes de contagio. Sectores de los trabajadores autónomos, como meseros, “ferieros”, “diableros”, hoy tienen que salir a manifestarse porque sus centros de trabajo cerraron y para ellos no hay mañana.
También son condenados los trabajadores migrantes que se encuentran hacinados en las estaciones del sur y norte del país en condiciones insalubres, con la complicidad antiinmigrante de Trump y Obrador, aumentando desde el año pasado la cifra de indocumentados detenidos por el Gobierno mexicano.
En esas condiciones, el Partido Comunista de México no puede asumir la “cuarentena” y tiene que luchar en todas las condiciones, con el reto de mantener el funcionamiento orgánico y plantear un camino a los trabajadores que deciden movilizarse, levantando iniciativas organizadas de solidaridad y lucha entre los trabajadores en sus barrios y otras zonas populares. Todo ello lo hacemos bajo la consigna “Lávate las manos y alza el puño, ponte el cubrebocas pero no te calles”.
Finalmente dos cuestiones básicas. Usando como pretexto la pandemia, se apunta a una restricción de las libertades y a la normalización de la presencia de las fuerzas represivas en las calles, y nos opondremos a ello. Lo otro es la reactivación de la vieja receta de la burguesía para asegurar su rol de clase dominante, asumiéndose como representante de todas las clases, en la forma de “unidad nacional” como acuerdos interclasistas, donde la experiencia nos demuestra que los sacrificados son siempre los intereses de los trabajadores; Gravemente, el escenario pos pandemia es el de una fuerte crisis económica capitalista, que tiene como preludio la desaceleración económica internacional, agravada por la devaluación del peso y la caída de los precios del petróleo, por lo que desde ahora las líneas proletarias tienen que ser reforzadas para el duro combate que se avecina.
[1] Además de seguir la militarización del país con la presencia del Ejército y la Marina en las calles, la creación de la Guardia nacional, Obrador da a las fuerzas armadas un rol como actor económico, tanto en la industria inmobiliaria, como de la construcción, poniendo en sus manos la obra del nuevo aeropuerto internacional y de la infraestructura que le conectará con la Ciudad de México. Ahora les pone a cargo de buena parte de la contratación del personal médico y el control de varios hospitales.