Teuchitlán es muestra de que el país es una fosa común. Sólo en manos del pueblo está el poner fin a la barbarie.
Hace unos días el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer el hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, de restos humanos calcinados y prendas correspondientes a una gran cantidad de personas, así como serios indicios de que el lugar fue base de alguno de los cárteles del narcotráfico que operan en México, para reclutamiento forzado, secuestro masivo, tortura, asesinato y desaparición. Los testimonios de varios sobrevivientes dan cuenta del horror que ocurre en tales sitios.
La desaparición forzada es un asunto de la máxima gravedad nacional, que no dista de otras tragedias que enlutan a nuestro pueblo, como la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa. Nadie puede permanecer ajeno ante este horror, que lamentablemente no es una excepción ni una anomalía, sino la constante, la regularidad en nuestro país, cuando menos desde que en 2006 inició la llamada “Guerra contra el narco”.
En las últimas dos décadas han surgido colectivos de búsqueda, integrados por familiares, principalmente madres y padres, de decenas de miles de desaparecidos, que enfrentando dificultades, calumnias y amenazas —del Estado y de los cárteles—, se aferran a la esperanza de encontrar a los suyos y asumen la labor que según las leyes correspondería al Estado: difunden fichas de búsqueda, indagan siguiendo el rastro de sus seres queridos, recaban evidencias, casi siempre a costa de su propia seguridad. De manera recurrente, los indicios les llevan a desiertos, bosques y baldíos a lo largo de todo el país, donde excavan sin descanso, encontrando restos humanos en enterramientos ilegales, fosas clandestinas; con el tiempo, estas formas de organización popular que son los colectivos han adquirido más experiencia en campo que el propio Estado mexicano, que no busca, o simula buscar solamente cuando se ejerce alguna forma de movilización. Teuchitlán es un ejemplo: el predio había sido recientemente ocupado por la Guardia Nacional, y por incapacidad, omisión o encubrimiento, pasaron por alto el horror que hoy constatamos. El que la barbarie de Teuchitlán haya sido puesta al descubierto por uno de estos colectivos, habla de manera irrefutable de la gran omisión, incapacidad y connivencia del Estado.
El número de víctimas de desaparición en México rebasa las 111,000 personas y se suma al hallazgo de más de 5,600 fosas clandestinas, de las cuales 2,863 fueron encontradas solamente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Señalamos claramente la responsabilidad del Estado capitalista mexicano, independientemente de quien lo administre sexenalmente, pues los resultados son los mismos con el PAN, MC, PRD, PRI y MORENA. No es admisible que pasen el tizón ardiente del gobierno municipal, al estatal, al federal, de una fiscalía a otra sin asumir responsabilidades e intentando presentarse como víctimas de una conspiración, eludiendo este gran crimen contra el pueblo que en el lapso de los Gobiernos de Calderón, Peña Nieto y Obrador arroja más de medio millón de muertos.
No es la presidenta Sheinbaum la víctima; la víctima es la clase obrera y sus hijos, quienes buscando un empleo o mejores condiciones de trabajo caen en las redes de enganchadores, fachadas de los cárteles para reclutar mano de obra y nutrir sus grupos armados. Son víctimas los migrantes que son secuestrados en las terminales de autobuses, o incluso secuestrados directamente a bordo de autobuses y vehículos en las carreteras, como ocurrió en el caso de San Fernando.
Son víctimas las mujeres, las adolescentes y niñas de la clase trabajadora, contra quienes se ha incrementado la violencia más espeluznante y la desaparición, con el objeto de encubrir la violación, el feminicidio, la trata y la explotación sexual, y son víctimas indirectas las madres, las esposas, las hijas, que con el terrible sufrimiento de la ausencia y la incertidumbre, quedan al frente de sus familias al tiempo que con sus propios medios afrontan la búsqueda. No es la víctima Claudia Sheinbaum, quien, a pesar de asumir la cabeza del Estado cuyos agentes en el ámbito municipal, estatal y federal están involucrados directamente en un alto porcentaje de desapariciones –como lo reconoce el informe especial de la CNDH de 2021-, no dedicó una sola palabra del discurso de su toma de posesión a la situación de los desaparecidos y sus familias, que acampaban en el Zócalo, a unos metros de ella, en espera de ser escuchados.
Teuchitlán también es la muestra del fracaso de los programas sociales, que no satisfacen las necesidades de la familia trabajadora ni han podido contrarrestar los efectos de tres décadas de privatizaciones y políticas de choque del capitalismo que golpean a la clase obrera, por más promesas de bienestar que haga el gobierno. En consecuencia, de los 15.6 millones de jóvenes que trabajan, más de 7.6 millones de ellos, equivalente al 55% de los trabajadores jóvenes, tienen empleos precarios, con rezago educativo, bajos salarios, inestabilidad laboral, jornadas de más de 48 horas semanales, sin acceso a servicios de salud y seguridad social. En contraste con las migajas del asistencialismo, el proceso de acumulación capitalista se intensifica y a las filas de la burguesía se suma una nueva capa, los megamillonarios como Carlos Slim de Grupo Carso o David Martínez de ICA, dueños de empresas contratistas favorecidas por el obradorismo con la exclusividad de la obra pública desde que, en el año 2000, asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
La cuestión del narcotráfico no puede analizarse sin considerar sus vínculos con el Estado, el Ejército, los empresarios, el sistema bancario y financiero y la política de arriba. Hoy día tiene influencia en la vida nacional a través de los distintos partidos burgueses, de diputados, senadores, gobernadores, alcaldes. Cuando el Estado capitalista mexicano habla de combatir al narco, lo que está diciendo es golpear a los cárteles ajenos a su control para favorecer a aquéllos que sí lo están. Sus negocios con mineras, inmobiliarias, constructoras, agronegocios, e inversiones variadas —que no dejan de crecer en las últimas dos décadas—, junto con constantes intentos por legalizarse, no anulan el negocio primario: la producción y trasiego de drogas, el control de plazas, el desarrollo de giros negros como la prostitución y la trata como primer lavado de sus dineros calientes. Esta dinámica genera una demanda constante de mano de obra, un apetito insaciable que devora a los hijos e hijas del proletariado, haciendo que tragedias como la de Teuchitlán sean la constante en los cinturones de miseria del país.
De este modo, no puede ignorarse el papel de los cárteles del narcotráfico como fuerzas paramilitares y ejércitos privados al servicio de los monopolios, para abrir paso al desarrollo de megaproyectos mineros, extractivistas, inmobiliarios, turísticos, las más de las veces en contubernio con agentes del Estado a todos los niveles. Este vínculo es tan evidente que es incluso mencionado en el informe especial del Comité de la ONU sobre desaparición en México de 2022, respecto a la desaparición de defensores ambientales y del territorio, la mayoría de comunidades indígenas. Recurren al uso de métodos paramilitares, al uso del terror, para desaparecer, desmovilizar y descabezar organizaciones de lucha. El vínculo del narcotráfico con la minería ilegal, ambos protegidos por el Ejército, ha sido señalado incluso como un factor en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pues la Normal Rural Raúl Isidro Burgos ha fungido como un espacio de articulación para la defensa de las comunidades indígenas de Guerrero -uno de los estados con mayor índice de pobreza-, que son despojadas y desplazadas por las mineras que extraen del estado más de 250,000 onzas de oro anualmente.
Señalamos por tanto al crimen organizado como un eslabón en la cadena de acumulación capitalista; si es el autor material de la desaparición, en el banquillo de los acusados también deben estar los monopolios como Ternium, como Grupo Ferrominero, como Acueducto Independencia, como Minera Peña Colorada, y todos aquellos proyectos del capital que no sólo explotan a los trabajadores y depredan el territorio, sino que en su insaciable sed de ganancia también prescriben la desaparición, la tortura y el asesinato. Sin embargo, lo que vemos es que el capital prospera en la gestión de Andrés Manuel López Obrador y ahora en la de Claudia Sheinbaum, con el Plan México, con los proyectos de inversión pública en infraestructura, con los acuerdos comerciales, con la expansión capitalista a costa del sufrimiento del pueblo.
Más de 111,000 desaparecidos no se pueden ocultar bajo la alfombra de la 4T; es repugnante, reminiscente de la manipulación mediática del diazordacismo, el comportamiento de los propagandistas gubernamentales, quienes intentan desaparecer el asunto de la atención nacional culpando a los colectivos de búsqueda y criminalizando a los desaparecidos; es infame que sus argumentos sean los mismos que esgrimen los grupos del narcotráfico para intimidar a las madres buscadoras. Del mismo modo, la fracción de la burguesía que está en pugna con el gobierno desde la derecha, busca obtener dividendos políticos; sin embargo, unos y otros son corresponsables de la crisis de violencia y descomposición social que vive el país.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, como antes el de López Obrador, esgrime el argumento de que el problema de la violencia y la desaparición tuvo un crecimiento acelerado en la "guerra contra el narcotráfico" iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón, pero la realidad es que esa política calderonista de desplegar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, es la que ha sido exponenciada con el gobierno de Morena hasta la total militarización del país, con la Guardia Nacional y el Ejército en las calles, con su participación en la economía y asumiendo funciones en las instituciones civiles, con la ampliación de sus facultades legales para detener y reprimir, bajo la misma premisa de “la lucha contra la inseguridad”. La evolución del fenómeno de la desaparición principalmente como forma de represión política a manos de las guardias blancas y del Ejército, a la desaparición a manos de los cárteles y del Ejército, es una natural necesidad y consecuencia del avance del capital. El resultado de todas estas políticas, hoy está a la vista, con el terror reinante en cada rincón del país, desde Sinaloa hasta Chiapas, con nuestro territorio convertido en una gran fosa común.
El Partido Comunista de México expresa su solidaridad a las madres y padres, a los familiares de los desaparecidos y de los muertos. Consideramos una prioridad concentrar esfuerzos para que haya justicia. Como con Ayotzinapa, solamente la indignación popular y la movilización de las diversas organizaciones de la clase trabajadora podrá desmantelar la narrativa de la criminalización, y hacer frente de manera organizada a la violencia criminal y estatal.
Consideramos que el origen de la actual barbarie es el capitalismo, un sistema que crea al narcotráfico y que se beneficia de su existencia. Ponerle fin a este sistema criminal es una tarea de los trabajadores y el pueblo y en esa dirección está nuestro esfuerzo.
¡Proletarios de todos los países, uníos!
El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de México